Resumen: Tras descartar que el cese del juez sustituto antes del fin de la relación de servicios sea fraudulento, toda vez que sus derechos y obligaciones se producen exclusivamente durante los períodos de llamamiento, la Sala Tercera del Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto contra un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reconociendo que la prestación de servicios jurisdiccionales debe ser correspondida con la consiguiente remuneración, cobertura de la Seguridad Social y demás derechos anexos que expresamente reclama el actor. Y ello considerando que los días durante los cuales se prolongó la prestación de servicios, más allá del cese, han de ser remunerados. Considera el Alto Tribunal que la prestación de servicios jurisdiccionales con posterioridad al cese formal comprende el plazo de tiempo real del calendario que cubra los días hábiles legales o, en su caso, los consumidos efectivamente, pues no existe ningún fundamento legal para sostener que esa suerte de prórroga de la relación de servicios jurisdiccionales con posterioridad al cese formal se limite a los días hábiles.
Resumen: Incidencia y alcance, en sede de la regularización practicada por IRPF frente al obligado principal, de las cantidades que debiendo haber sido retenidas no lo fueron por parte del obligado tributario retenedor. Reglas generales y circunstancias específicas. Desestimación.
Resumen: La paciente recibe asistencia sanitaria en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, derivada del servicio público de ambulancia desde Clínica Parque, según consta en la recogida inicial de datos en el momento de la admisión de la paciente. Se constata que es una paciente privada asegurada por SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. La Sala considera que, pese al contexto en que se produjo, de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia por COVID- 19, la asistencia sanitaria dispensada, en este caso, al paciente beneficiario de MUFACE, no se entiende excluida de las prestaciones sanitarias que la recurrente venía obligada a prestar según el concierto suscrito entre MUFACE y ASISA. La prestación no tiene su origen en una actuación de salud pública y más concretamente sobre la vigilancia epidemiológica. Sin embargo las instrucciones sanitarias dispusieron la asunción general por la sanidad pública de los pacientes Covid, quedando los hospitales privados como medios asistenciales residuales y limitados a pacientes poco graves. De hecho, se establece que hospitales privados quedan adscritos a cada uno de las zonas de influencia de las distintas áreas de salud de Tenerife. Por esta derivación no cabe exigir ese precio público.
Resumen: La actora que encargó a un despacho de abogados la reclamación judicial por unos contratos bancarios, insta la nulidad por abusiva de la cláusula contenida en la Hoja de encargo con dichos abogados referida a su retribución (honorarios). El pacto era mixto, conjugando el pago de una cantidad fijada en un porcentaje sobre la cantidad que se obtuviera; por otro una retribución por actuaciones procesales con remisión al Baremo de Honorarios del Colegio de Abogados y renunciando en favor de los abogados al importe que se obtuviera por costas procesales. La sentencia del Juzgado desestima la demanda al ser consciente la actora al firmar el contrato. La Audiencia Provincial revoca en parte dicha resolución, porque tras el control de transparencia material llega a la conclusión que la renuncia al importe por costas procesales no es transparente dado que no se informó a la actora del importe económico que alcanza tal concepto y, además, es abusivo porque los abogados percibieron esa retribución duplicada a tenor del cobro por las actuaciones procesales fijadas en el Baremo Colegial. Se declara la nulidad parcial de la cláusula y se condena a los demandados a reintegrar a la actora parte de la retribución abonada.
Resumen: Está muy consolidada la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, al determinar los elementos necesarios para declarar la existencia de responsabilidad patrimonial de una Administración Pública: a) la lesión patrimonial, equivalente a daño o perjuicio, en la doble modalidad de daño emergente o lucro cesante, lesión que ha de ser real, concreta y susceptible de evaluación económica; b) la lesión ha de ser ilegítima o antijurídica, es decir que el particular no tenga el deber de soportarla; c) debe existir un nexo causal adecuado, inmediato, exclusivo y directo entre la acción u omisión administrativa y el resultado lesivo; y, d) ausencia de fuerza mayor. La recurrente entiende que los daños y perjuicios que deben ser indemnizados tiene por causa la falta de abono del trabajo desempeñado por recurrente en el hogar familiar entre los años 1986 y 2017, por su dedicación a la educación y cuidado de sus once hijos, sin la percepción de retribución alguna. Los demandantes sostienen que esta situación habría generado un enriquecimiento injusto del Estado, que se ha beneficiado de su contribución al estado de bienestar y al incremento de la natalidad, especialmente baja en España. Desestimación de la pretensión por no ser esta la via adecuada.
Resumen: Considera esta sentencia que en relación al recurso extraordinario de revisión envía económico administrativa la conciliación de la sentencias a efectos de documento nuevo debe, conforme a la jurisprudencia asentada, distinguir entre aquellas sentencias que se alegan y que tan solo aportan una estricta interpretación de la lamento jurídico de aquellas otras que afectan a situaciones fácticas declaradas ex novo en la sentencia y que podrían fundamentar ese recurso extraordinario.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si es conforme a Derecho que la Administración concedente de un servicio público de transporte imponga al concesionario del servicio, con el único fundamento del principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos y de la prohibición del enriquecimiento injusto, que soporte el reintegro las cantidades que en su día la Administración le abonó como ingreso de la concesión, en la parte correspondiente al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario), sobre la base de la posibilidad de la concesionaria de instar un procedimiento administrativo de ingresos indebidos o responsabilidad patrimonial del Estado por la disconformidad de dicha modalidad impositiva con el Derecho de la Unión Europea.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si es conforme a Derecho que la Administración concedente de un servicio público de transporte imponga al concesionario del servicio, con el único fundamento del principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos y de la prohibición del enriquecimiento injusto, que soporte el reintegro las cantidades que en su día la Administración le abonó como ingreso de la concesión, en la parte correspondiente al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario), sobre la base de la posibilidad de la concesionaria de instar un procedimiento administrativo de ingresos indebidos o responsabilidad patrimonial del Estado por la disconformidad de dicha modalidad impositiva con el Derecho de la Unión Europea.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si es conforme a derecho que la Administración concedente de un servicio público de transporte imponga al concesionario del servicio, con el único fundamento del principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos y de la prohibición del enriquecimiento injusto, que soporte el reintegro las cantidades que en su día la Administración le abonó como ingreso de la concesión, en la parte correspondiente al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario), con base en la posibilidad de la concesionaria de instar un procedimiento administrativo de ingresos indebidos o responsabilidad patrimonial del Estado por la disconformidad de dicha modalidad impositiva con el Derecho de la Unión Europea.
Resumen: Reclamación de cantidad por la labor de intermediación en la venta de un inmueble. Alega que recibió el encargo en exclusiva de los demandados de vender un inmueble, fijándose un precio de venta y un plazo inicial de seis meses. Alega que realizó una visita al inmueble con un cliente que manifestó su interés en comprar el inmueble, si bien el precio era inferior al que interesaban los demandados, no obstante lo cual el presunto comprador admitió ese pago superior, Pese a ello, la demandada desistió de la venta evitado con su actuación el pago de la comisión pactada. Alegan los demandados que transcurrido un año desde la entrevista con la actora, sin haber esta obtenido cliente alguno, se le comunicó que habían contratado con otra inmobiliaria, dándose así por finalizada la relación. Desestimada la demanda recurre la actora, alegando en primer lugar la insuficiente motivación de la sentencia, lo que se rechaza pues la misma expresa las razones fácticas y jurídicas que dan lugar al fallo, sin que quepa confundir la falta o insuficiencia de la motivación con la disconformidad con los argumentos. En cuanto al fondo, el derecho a percibir la comisión surge cuando los actos de mediación cristalizan en la operación en la que intervino el agente, es decir, dicho contrato está supeditado, en cuanto al devengo de honorarios, a la condición suspensiva de la celebración del contrato, lo que no sucedió en el presente supuesto al existir discrepancias en el precio interesado para la venta.
